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Tasa económica

La Constitución dominicana en su artículo 50, numeral 1, prohíbe el monopolio en  cualquier actividad empresarial, a menos que sea en provecho para el propio Estado. Ahora bien, dicho mandato no se cumple al pié de la letra y una muestra de eso ocurre en el sector de transporte ya sea de carga o turístico.

En esta última rama, el país ha presenciado cómo las asociaciones que funcionan en la provincia de La Altagracia, se adueñaron de este mercado tan vital para el desarrollo del país y no permiten que otras organizaciones ya sean publicadas o privadas participen en la explotación de esas rutas para el público común, sobre todo, aquellas que conducen los distintos puntos turísticos de esa región.

Es bueno recordar que cuando inició el primer proyecto turístico en 1969  por el grupo Puntacana, ningunas de las asociaciones choferiles de ese momento y las de ahora, invirtieron un sólo centavo para construir las diferentes carreteras para llegar a esos lugares, ya que todos los recursos provinieron del Gobierno y de los inversionistas turísticos.

También debemos reconocer la dedicación por esos chóferes que durante décadas han trabajado para transportar a las personas a esa zona turística, pero tales acciones no les dan el derecho de crear un monopolio con ese servicio, porque al final, quién termina pagando toda esa operatividad es el pasajero y los ciudadanos que contribuyen al fisco.

La actividad turística género ingresos de U$7,220 millones a la economía dominicana durante el año 2017 para un incremento de 7.4% en comparación con el 2016. Y de seguro que la provincia de La Altagracia fue la que mayor aporte realizó a esas cifras, ya que la misma recibe el mayor porcentaje  de los 6.2 millones de  visitantes que arriban al país el año pasado. 

Por tales razones, debemos procurar que los logros alcanzados por el sector turístico no sean afectados por imposiciones de gremios choferiles que quieren controlar todo un pastel de beneficios, cuando el mismo alcanza para todos. Llegó el momento de ponerle un alto a los actos vandálicos y que se aplique la ley para el bienestar e imagen del país.

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